Álvaro Uribe Vélez ha desatado una tormenta política tras las fuertes críticas del presidente Gustavo Petro sobre la controversial operación Orión, llevada a cabo en 2002 en Medellín. Este nuevo cruce de acusaciones ha reavivado el debate sobre las violaciones de derechos humanos y la seguridad democrática en Colombia.

Las excavaciones recientes en la escombrera de la comuna 13, donde se han hallado restos óseos, han llevado a Petro a condenar la operación, alegando que facilitó el desplazamiento y la desaparición de miles de personas. “Esto no es seguridad, es injusticia”, afirmó el presidente en un contundente mensaje en X, señalando que la intervención militar benefició a grupos paramilitares en lugar de proteger a la comunidad.

Uribe, en respuesta, defendió su legado y acusó a Petro de tener “nostalgia por los terroristas” que fueron expulsados durante la operación. En un video compartido, un líder social respaldó la acción militar, destacando que fue crucial para la transformación de la comuna 13, que ahora cuenta con importantes proyectos de infraestructura. Sin embargo, las sombras de las violaciones de derechos humanos persisten, generando un profundo debate sobre si los logros de seguridad justifican el costo humano.

Este enfrentamiento entre Uribe y Petro refleja las profundas divisiones políticas en Colombia. Mientras Uribe defiende su gestión como un paso necesario hacia la paz, Petro advierte que el cambio de actores en el conflicto no ha resuelto los problemas estructurales de la región. La historia de la comuna 13, marcada por el dolor y la esperanza, sigue siendo un espejo en el que el país debe mirarse para aprender y avanzar. La urgencia de este debate es palpable, y las voces de los colombianos son esenciales para construir un futuro más justo y equitativo.