Una denuncia histórica ha sacudido el panorama político colombiano: el presidente Gustavo Petro se enfrenta a acusaciones de incitación al odio tras sus controvertidas declaraciones sobre los gritos de “fuera Petro” que resuenan en el país. Este lunes 26 de agosto, el activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, presentó la denuncia ante la Comisión de Acusación, argumentando que el mandatario ha estigmatizado a quienes critican sus políticas, tildándolos de “asesinos”.

La controversia se desató después de que Petro, en un discurso durante la Asamblea Nacional de la Colombia Humana, vinculó a quienes piden su salida con los asesinatos de militantes de la Unión Patriótica, generando un fuerte rechazo en redes sociales y entre la ciudadanía. Fiesco subrayó que las palabras de Petro contravienen las sentencias T-391 de 2007 y SP-2685 de 2020 de las altas cortes, que protegen la libertad de expresión y prohíben la descalificación de los ciudadanos que ejercen su derecho a protestar.

Además de la denuncia, Fiesco ha interpuesto una acción de tutela exigiendo que el presidente se retracte en un plazo de 15 días. La tensión se intensifica con una movilización ciudadana programada para el 22 de septiembre, en respuesta a las políticas del gobierno, que han llevado a la población a manifestarse por el aumento de costos de alimentos y combustibles, así como por la creciente inseguridad.

La situación plantea un dilema crítico para la democracia colombiana: ¿hasta qué punto puede un líder político criticar a sus opositores sin cruzar la línea hacia la incitación al odio? Las palabras de Petro, que reflejan su percepción de una oligarquía resentida, han desatado un debate sobre la legitimidad de sus críticas y la responsabilidad de un presidente en un país profundamente dividido. La respuesta a esta controversia podría tener repercusiones duraderas en la política colombiana y en la percepción de la libertad de expresión en el país.