¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido sancionado por desacato por un juzgado de Bogotá, lo que podría marcar el fin de su carrera en el poder. La decisión es histórica y responde al incumplimiento de la sentencia T 172 de 2019 de la Corte Constitucional, que protege los derechos fundamentales de 63 comunidades indígenas, entre ellas el pueblo guayú. Este fallo, emitido el 1 de abril de 2025, revela la falta de acción del Ministerio del Interior, que no presentó informes ni demostró esfuerzos para cumplir con las órdenes judiciales.

El juzgado 62 administrativo determinó que Benedetti incurrió en un “claro incumplimiento” al no remitir documentación ni durante el requerimiento previo ni en el marco del incidente de desacato. La jueza María del Tránsito Higuera Guinoa subrayó que el ministerio no acreditó acciones concretas para garantizar los derechos del pueblo guayú, lo que profundiza la vulnerabilidad de estas comunidades históricamente marginadas.

A pesar de la gravedad de la situación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo no fueron sancionadas, ya que presentaron informes que acreditan su gestión. Sin embargo, la decisión del juzgado plantea serias interrogantes sobre la eficacia de las medidas judiciales cuando las autoridades no actúan con la debida diligencia. La sentencia T172 exigía un nuevo estudio sobre las solicitudes de afiliación de comunidades indígenas y un procedimiento específico para su registro, pero el Ministerio del Interior no cumplió.

Este caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas para que sus derechos sean reconocidos y garantizados por el Estado colombiano. La sanción al ministro Benedetti no solo busca castigar un incumplimiento, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de acatar las decisiones judiciales en materia de derechos humanos. La situación del pueblo guayú es emblemática de los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia. La falta de voluntad política y administrativa ha impedido el cumplimiento de las sentencias, dejando a estas comunidades en un estado de vulnerabilidad. La sanción es un llamado a la acción para que el Estado priorice el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos originarios.