La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión devastadora para más de 350,000 venezolanos, autorizando la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que los defendía de la deportación. Esta polémica medida se produce en medio de un clima de incertidumbre y miedo, especialmente en comunidades como Doral, Florida, donde más del 40% de los residentes son venezolanos. Los afectados, atrapados en un limbo legal, expresan su angustia ante la posibilidad de ser enviados de regreso a un país marcado por la persecución y la crisis humanitaria.

La administración Trump, que ha intensificado su campaña contra la inmigración irregular, ha decidido eliminar la extensión del TPS que había sido otorgada por el expresidente demócrata Joe Biden. “Es una profunda contradicción”, denuncia Keila Méndez, cuyo TPS caducó en abril. “Estamos aquí escapando de un régimen opresivo; ¿cómo pueden enviar a más de 100,000 personas de vuelta a un país donde no se respetan los derechos humanos?”

La decisión de la Corte Suprema se produce tras un intento previo de un juez federal de California de mantener el TPS, al calificar la suspensión de “racista”. Sin embargo, el alto tribunal ha decidido inclinarse a favor de una mayoría conservadora, dejando a miles en una situación angustiante. Denis, otro beneficiario del TPS, comparte su temor: “Hemos construido una vida aquí, mis hijos quieren un futuro en Estados Unidos. Regresar a Venezuela no es una opción segura”.

El presidente Nicolás Maduro ha condenado la decisión, argumentando que migrar no es un delito, pero retirar el TPS sí lo es, ya que priva a los venezolanos de un derecho fundamental. La lucha por el TPS continuará mientras los afectados esperan con ansiedad el desenlace de esta lucha legal. La situación se torna crítica y la comunidad venezolana en EE. UU. se enfrenta a un futuro incierto.