La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a 350,000 venezolanos en el país, desatando una ola de desesperación entre miles de familias que enfrentan la amenaza inminente de la deportación. Esta drástica resolución se produce en medio de un litigio que busca proteger a estos migrantes de ser enviados de regreso a un país devastado por la crisis humanitaria y la persecución política.

Denis, un beneficiario del TPS residente en Doral, Florida, expresa su angustia: “Me siento en un limbo, esperando qué va a pasar”. La población venezolana en esta ciudad representa más del 40% de sus habitantes, y muchos comparten su incertidumbre tras la decisión del gobierno de Donald Trump de incluir a los venezolanos en su campaña contra la migración irregular.

El expresidente Joe Biden había ampliado la protección del TPS por 18 meses, pero ahora, con la anulación de esa extensión, el futuro de estas familias se torna sombrío. “¿Cómo puedes enviar a más de 100,000 personas a un país donde no se respetan los derechos humanos?”, cuestiona Keila Méndez, quien ve cómo su cobertura legal se desvanece.

El rechazo a esta decisión no se ha hecho esperar. Nicolás Maduro condenó la suspensión del TPS, afirmando que “migrar no es delito”, en un mensaje claro sobre la injusticia que enfrentan los venezolanos. Mientras tanto, Trump ha prometido deportar a millones de migrantes, avivando aún más el temor entre aquellos que buscan un futuro en Estados Unidos.

Con una Corte Suprema de mayoría conservadora y un entorno político hostil, la situación de los venezolanos se vuelve cada vez más crítica. La decisión de la Corte no solo afecta a quienes tienen TPS, sino que también refleja la creciente tensión en el debate migratorio en Estados Unidos. Las voces de los afectados claman por justicia y seguridad en un momento que podría definir el destino de cientos de miles de vidas.