¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, se encuentra en el centro de una tormenta política tras la revelación de que ordenó la liberación temporal de capos criminales para un evento con el presidente Gustavo Petro. Documentos exclusivos muestran que varios de los criminales más buscados de Medellín, como Juan 23 Minutos y Carlos Pesebre, fueron trasladados desde prisión para tomarse fotos con el mandatario, desatando una ola de indignación en el país.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que el 19 de junio, Zuleta solicitó la salida de estos peligrosos delincuentes para participar en un acto público en la plazoleta de Alpujarra. Aunque se establecieron condiciones de seguridad para su traslado, la decisión ha sido calificada de irresponsable y peligrosa, generando un intenso debate sobre los límites de la administración penitenciaria.

Los críticos cuestionan la legalidad de esta acción, señalando que varios de los liberados enfrentan graves cargos por homicidio y narcotráfico. La participación de estos criminales en un evento oficial podría enviar un mensaje erróneo sobre la lucha contra el crimen organizado, mientras que defensores de la medida argumentan que se trata de un intento de promover la paz y la reinserción social.

La controversia se intensifica a medida que la opinión pública exige respuestas. La senadora Zuleta y el gobierno deben aclarar los criterios utilizados para autorizar estos traslados, en un contexto donde la percepción de justicia en Colombia está en juego. Este escándalo no solo revela los desafíos de la política criminal, sino que también reabre el debate sobre las negociaciones con actores armados.

La situación es crítica y la presión sobre el gobierno aumenta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para lograr la paz? La respuesta podría tener consecuencias profundas en el futuro del país. ¡Mantente alerta, este caso está lejos de resolverse!