La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta contundente: Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, se encuentra en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en la gestión de los pasaportes colombianos. Una queja disciplinaria ha sido presentada, solicitando su suspensión inmediata por extralimitación de funciones. Los denunciantes afirman que Saade ha asumido decisiones que legalmente corresponden únicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que podría constituir faltas gravísimas.

La investigación formal, que también involucra a los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, se centra en la posible intervención indebida en la contratación estatal relacionada con la emisión de pasaportes. Esta situación ha desatado una ola de incertidumbre en un momento crítico, ya que los pasaportes son esenciales para la movilidad internacional de los colombianos.

Desde 1845, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido el encargado de expedir estos documentos, que desde 2015 cuentan con tecnología biométrica. Sin embargo, el cumplimiento de los estándares internacionales es vital para garantizar que los ciudadanos puedan viajar sin problemas a países como Perú y Estados Unidos, y que sus datos sean verificados correctamente en puntos migratorios.

Los estándares de la OACI son claros: los pasaportes deben contener características específicas como un chip, una foto estandarizada y papel seguro. La última actualización de estos requerimientos, conocida como norma OASI 930, se implementó en 2021. Hasta ahora, Colombia ha cumplido con estos requisitos, pero la situación actual pone en jaque la integridad del sistema.

La Procuraduría avanza rápidamente en su investigación, y el futuro de Alfredo Saade y la gestión de pasaportes en Colombia pende de un hilo. La nación observa con atención el desenlace de este escándalo que podría tener repercusiones significativas en la administración de Gustavo Petro.