¡ESCÁNDALO EN ANTIOQUIA! El gobernador Andrés Julián Rendón lanza una feroz acusación contra la fiscal general, Adriana Camargo, tras su polémica declaración en una rueda de prensa que lo señala como imputado. En un giro inesperado, Rendón asegura que nunca recibió citación formal, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad del proceso en su contra. ¿Estamos ante un error judicial o una estrategia política?

La tensión se intensifica a medida que el gobernador solicita la recusación de Camargo y una fiscal delegada, argumentando que sus comentarios han creado un ambiente de parcialidad que compromete su derecho a un juicio justo. En un documento legal, su equipo señala que la fiscal distorsionó los hechos al afirmar que él estaba imputado, lo que podría influir en la decisión de los fiscales involucrados en el caso.

Rendón no se detiene ahí. En sus redes sociales, expresa su alarma: “Mi libertad está siendo amenazada”. Esta controversia se remonta a una rueda de prensa del 24 de junio, donde Camargo, al ser cuestionada sobre el gobernador, afirmó que ya se había formulado una imputación. Sin embargo, su defensa sostiene que no hay evidencia de tal citación, lo que sugiere irregularidades graves en el proceso.

La investigación se centra en la gestión de Rendón como alcalde de Rí Negro, donde se han señalado posibles irregularidades en proyectos de la Policía Nacional, con un detrimento patrimonial que asciende a 1.200 millones de pesos. Con esta solicitud de recusación, el gobernador busca asegurar que su caso se maneje con imparcialidad y dentro del marco legal.

La situación es crítica y las repercusiones pueden ser devastadoras para el futuro político de Antioquia. La comunidad espera respuestas claras y justas en medio de esta tormenta judicial. ¡Mantente alerta, porque esto apenas comienza!