ÚLTIMA HORA | Un juez federal lanza un golpe devastador a la guerra de Trump contra Harvard, cuestionando la legalidad de la congelación de más de 2000 millones de dólares en fondos federales destinados a la prestigiosa universidad. La jueza Alison Borrow, en una audiencia electrizante celebrada hoy en Boston, ha desafiado la constitucionalidad de la decisión del gobierno, tildando de “impactantes” los argumentos del Departamento de Justicia que justifican estos recortes.

La administración Trump había argumentado que la financiación debía ser recortada debido a la supuesta incapacidad de Harvard para combatir el antisemitismo en su campus. Sin embargo, la jueza Barraut no se dejó engañar. En un giro inesperado, refutó de manera contundente estas afirmaciones, subrayando que existen límites claros a las acciones que puede tomar el gobierno y a las razones que pueden invocarse para hacerlo. “No se puede rescindir un contrato por motivos que violan la Constitución”, afirmó con firmeza, dejando claro que la batalla legal apenas comienza.

Este desarrollo marca un punto crítico en la confrontación entre la administración Trump y las instituciones educativas, y podría tener repercusiones significativas en la financiación de la investigación académica en todo el país. La tensión entre la libertad académica y las decisiones políticas se intensifica, y la atención de la nación está ahora puesta en cómo se desarrollará este caso.

Las reacciones no se han hecho esperar, y expertos legales advierten que la decisión de la jueza podría sentar un precedente crucial. La comunidad académica y los defensores de la libertad de expresión observan con atención, mientras la administración Trump se enfrenta a un desafío legal que podría cambiar el rumbo de su política educativa. La batalla por Harvard está lejos de terminar, y el impacto de esta decisión resonará en los pasillos del poder y en las aulas de todo el país.