¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha respondido con contundencia a la polémica orden del presidente Gustavo Petro de allanar dispensarios médicos sin autorización judicial. En un momento crítico para la democracia colombiana, Camargo ha dejado claro que este tipo de acciones no solo son inapropiadas, sino que violan la separación de poderes establecida en la Constitución.

Durante una reunión con el director de la Policía Nacional, Camargo enfatizó la importancia de respetar las competencias de cada entidad del Estado. “La investigación penal es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó, recordando que solo esta institución tiene la potestad de ordenar y ejecutar diligencias de investigación. La tensión entre el gobierno y la fiscalía ha alcanzado nuevos niveles, generando un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo.

Petro, en su intento por combatir el acaparamiento de medicamentos esenciales, argumentó que estas acciones son necesarias para proteger su administración. Sin embargo, Camargo advirtió que cualquier intervención de las fuerzas armadas o de la policía debe ser autorizada por un fiscal competente, siguiendo los protocolos legales establecidos. “Es fundamental mantener la independencia institucional y el respeto al debido proceso”, subrayó.

La situación se complica aún más en un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego. Mientras el presidente insiste en actuar con firmeza, la fiscalía defiende su autonomía y advierte sobre los riesgos de que el gobierno asuma roles que no le corresponden. Este enfrentamiento pone en jaque el equilibrio de poderes en Colombia y plantea serias preguntas sobre el futuro de la justicia en el país.

La fiscal general ha hecho un llamado a la colaboración entre las instituciones, pero siempre dentro de los límites que marca la Constitución. La ciudadanía observa con atención, consciente de que este conflicto podría afectar directamente sus derechos. La pregunta en el aire es clara: ¿Está el presidente Petro sobrepasando sus funciones al sugerir allanamientos sin la debida autorización de la fiscalía? La respuesta podría tener repercusiones históricas para Colombia.