Estados Unidos se ha involucrado en una creciente tensión judicial y diplomática tras la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido hallado culpable de fraude procesal y so𝐛𝐨𝐫𝐧o por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda. Esta decisión histórica ha desatado una ola de reacciones en Colombia y ha llamado la atención del gobierno estadounidense, que ha cuestionado abiertamente la imparcialidad de la justicia colombiana.

Durante la audiencia, la jueza Heredia afirmó que “la justicia no se arrodilla ante el poder”, marcando un hito en la lucha contra la impunidad en el país. Sin embargo, la respuesta de Uribe y sus seguidores ha sido contundente, tildando el fallo de “venganza” y “persecución política”. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., defendió al expresidente, acusando a jueces “radicales” de manipular el sistema judicial, lo que ha intensificado la controversia y la polarización en Colombia.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha instado a respetar la independencia judicial, rechazando las injerencias extranjeras y defendiendo la legitimidad del proceso. “Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”, afirmó Petro, dejando claro su descontento ante las declaraciones de Washington.

Mientras tanto, el partido de Uribe, el Centro Democrático, ha convocado a movilizaciones en defensa de su líder, resaltando su legado como el “mejor presidente de los últimos 100 años”. La situación se torna cada vez más tensa, con el riesgo de que las manifestaciones y la polarización política escalen en las calles de Colombia.

La condena de Uribe no solo afecta el panorama político interno, sino que también ha puesto en jaque las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, un hecho que podría tener repercusiones significativas en la región. La comunidad internacional observa con atención el desenlace de este conflicto que podría redefinir el futuro del país.